La otra Brecha Digital: Cuando el acceso a Internet es informal e inseguro

En miles de barrios populares y comunidades rurales de América Latina, la conexión a internet no llega mediante un contrato formal con una gran compañía, sino a través de un vecino que, con una antena en su techo, redistribuye la señal decenas de hogares. Esta escena ilustra la realidad de la informalidad en el sector de telecomunicaciones, un fenómeno complejo que nace de la necesidad, pero que perpetúa la desigualdad y compromete la seguridad digital de la región.

Lejos de limitarse a la venta ambulante de tarjetas SIM, la informalidad abarca un ecosistema extenso. Incluye redes comunitarias no reguladas, la comercialización masiva de dispositivos sin certificación que pueden venir con software malicioso, y pequeños proveedores que despliegan infraestructura sin permisos. Este mercado paralelo surge como una respuesta directa a la incapacidad del mercado formal para ofrecer servicios accesibles y asequibles para todos.

La consecuencia más inmediata de esta dinámica es la profundización de la brecha digital. Los usuarios de servicios informales acceden a conexiones inestables, de baja velocidad y sin ningún tipo de garantía o soporte técnico. Esto crea una "doble ciudadanía digital": quienes tienen acceso a un internet de calidad y quienes se conforman con un sucedáneo precario, limitando severamente su potencial educativo, económico y social.

Más allá de la calidad, el riesgo para la seguridad nacional y personal es enorme. Los equipos informales, a menudo sin estándares de seguridad, se convierten en puertas traseras para ciberataques, robo de datos y espionaje. La falta de registro adecuado de líneas facilita actividades delictivas, desde el acoso hasta la organización del crimen organizado, debilitando el entramado de seguridad.

Ante este panorama, el desafío urgente no es criminalizar al usuario, sino atacar las causas raíces. La estrategia debe comenzar por una modernización regulatoria que fomente la formalización. Es crucial crear marcos legales ágiles que permitan a los pequeños proveedores y redes comunitarias operar dentro de la ley, con estándares técnicos mínimos pero con trámites simplificados.

Paralelamente, es imperativo abaratar el costo del acceso formal. Esto se logra mediante una combinación de políticas: incentivos fiscales para operadores que inviertan en zonas marginadas, subsidios directos a la demanda para poblaciones vulnerables y una mayor competencia en el sector. La inversión pública en infraestructura troncal, como fibra óptica estatal, es fundamental para llevar la "carretera digital" a donde el mercado no llega.

Sin embargo, conectar no es suficiente. Un pilar fundamental para reducir la brecha y empoderar a la ciudadanía es la alfabetización digital masiva. Muchas personas tienen en sus manos un smartphone con internet, pero carecen de las habilidades para usar un navegador, acceder a servicios de gobierno electrónico o proteger su información personal. Sin esta capacitación, la conectividad pierde gran parte de su valor.

Aquí es donde el concepto de soberanía digital adquiere su máxima relevancia. La soberanía no solo significa tener control sobre la infraestructura física, sino también garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos y fomentar un ecosistema digital propio. La informalidad, con su flujo de dispositivos no certificados y su falta de regulación, socava directamente esta capacidad de control nacional.

Empoderar la soberanía digital exige fomentar el desarrollo de una industria local de tecnología, aunque sea incipiente, y establecer leyes robustas de protección de datos. Un sector formalizado es un sector que puede ser regulado, supervisado y integrado en una estrategia nacional de ciberseguridad y desarrollo tecnológico.

En conclusión, la informalidad en las telecomunicaciones es una barrera que impide construir un futuro digital inclusivo y seguro. Combatirla requiere una visión integral que combine regulación inteligente, inversión estratégica y educación. El objetivo final debe ser transformar el acceso a internet de un lujo informal en un servicio público formal, confiable y que sirva como verdadero pilar para el desarrollo y la autonomía de la nación.