La epidemia silenciosa que empobrece al Perú y cómo frenarla

En las últimas dos décadas, el Perú ha experimentado una transformación silenciosa pero devastadora en su perfil de salud; las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) han desplazado a las infecciosas como la principal causa de muerte y discapacidad. Actualmente, alrededor de 13.9 millones de peruanos —más de un tercio de la población— viven con condiciones como hipertensión, diabetes, obesidad, trastornos de tiroides, desgaste articular, Parkinson o problemas de salud mental. Lo más alarmante no es solo su alta prevalencia, sino que más de la mitad de estos pacientes no recibe atención médica regular, convirtiendo esta crisis en un problema de salud pública, pero también económico y social.

El impacto macroeconómico de estas enfermedades es asombroso. Según un estudio de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), entre 2018 y 2022 las ECNT le costaron al Perú 9,500 millones de dólares, equivalentes al 4.3 % de su Producto Bruto Interno (PBI). Solo la obesidad y el sobrepeso generan pérdidas anuales de más de 2,600 millones de dólares en gastos de salud, pérdida de productividad y muertes prematuras. Esta cifra supera el presupuesto anual de varios ministerios y evidencia que enfermarse también es un lastre para el desarrollo nacional.

Pero el costo más cruel recae directamente en las familias a través del gasto de bolsillo. En el Perú, cerca del 30 % del gasto total en salud es asumido directamente por los hogares, y aproximadamente el 40 % de ese desembolso se destina solo a comprar medicamentos. Una persona con un trastorno mental puede gastar entre 59 y 692 soles mensuales en antidepresivos, mientras que un paciente con enfermedad renal crónica enfrenta costos de diálisis que superan los 39,000 soles al año. Como resultado, el 41.8 % de las familias que tienen un enfermo crónico se endeuda para poder tratarlo.

Más allá de las enfermedades metabólicas más conocidas, otras condiciones crónicas han permanecido invisibles. El Parkinson afecta a más de 30,000 peruanos, y el 80 % de los casos certificados presenta discapacidad severa. Los trastornos de tiroides, que requieren tratamiento de por vida, pueden descompensarse si se interrumpe el suministro de medicamentos esenciales. El desgaste articular u osteoartritis afecta a casi el 32 % de la población adulta, pero el país enfrenta una escasez crítica de reumatólogos, lo que obliga a muchos pacientes a recurrir a chamanes o abandonar el tratamiento.

Las poblaciones vulnerables son las que peor llevan esta carga. En las zonas rurales y la Amazonía, el aislamiento geográfico, la pobreza y la falta de especialistas convierten cualquier enfermedad crónica en una sentencia. Los pueblos indígenas enfrentan barreras culturales y lingüísticas que limitan su acceso a diagnósticos oportunos. Los adultos mayores, que representan el 65 % de los pacientes con comorbilidades, quedan muchas veces postrados o dependientes de un cuidador familiar, que suele ser una mujer que debe dejar de trabajar para atenderlos.

El Estado peruano ha implementado algunos programas, aunque con alcance limitado. Existen campañas nacionales de prevención como las "Semanas de Prevención y Control de Daños No Transmisibles", y la Iniciativa de la OPS "Mejor Atención para las ENT" busca fortalecer la atención primaria. El Hospital de Lima Este – Vitarte ha desarrollado un programa pionero para pacientes con Parkinson, con un equipo multidisciplinario que articula Neurología, Medicina Física y Rehabilitación, y Psicología. Por su parte, el Complejo Hospitalario Alberto Barton del Callao, un centro de alta complejidad de EsSalud con certificación internacional de calidad, cuenta con los servicios de Neurología, Reumatología, Geriatría y un Programa de Salud Mental, lo que le brinda la capacidad técnica para atender de manera integral a pacientes con enfermedades crónicas y neurodegenerativas, aunque no tiene un programa declarado y específico para el Parkinson como el del centro de Vitarte. Estos esfuerzos, sin embargo, son aún insuficientes y fragmentados frente a la magnitud de la epidemia.

Una de las innovaciones con mayor potencial es la telemedicina, que permite el seguimiento remoto de pacientes crónicos en zonas apartadas, así como las brigadas móviles de salud que llevan tamizajes a comunidades alejadas. Además, organizaciones como Esperantra han logrado incluir por primera vez en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 una partida para enfermedades raras y neurodegenerativas. Un diagnóstico tardío puede multiplicar por cinco el gasto sanitario, por lo que el registro nacional de pacientes se ha vuelto una prioridad.

Para reducir la prevalencia de estas enfermedades, los especialistas coinciden en cuatro ejes principales. Primero, reorientar el gasto hacia resultados, pagando por desempeño y no por servicios inerciales. Segundo, fortalecer el primer nivel de atención con al menos el 30 % del presupuesto sanitario, priorizando distritos pobres y zonas rurales. Tercero, abordar la obesidad como emergencia nacional mediante impuestos a ultraprocesados y entornos saludables. Cuarto, garantizar el diagnóstico temprano a través de equipos móviles y telemedicina.

Las soluciones también deben ser interculturales y territoriales. En la sierra rural, se necesitan brigadas móviles y formación de médicos rurales con incentivos. En la selva, el enfoque debe integrar el control de enfermedades infecciosas con la prevención de crónicas, respetando las lenguas y prácticas locales. Incorporar promotores de salud comunitarios que hablen quechua o awajún puede marcar la diferencia entre un tratamiento cumplido y un abandono fatal.

El Perú no puede seguir ignorando esta epidemia silenciosa. La evidencia muestra que cada sol invertido en prevención ahorra varios soles en hospitalizaciones y que la equidad sanitaria es también una inversión en productividad. El costo de la indiferencia —en vidas perdidas, familias endeudadas y cuidadores agotados— es demasiado alto. Pasar del diagnóstico a la acción es urgente: fortalecer la atención primaria, proteger a los más vulnerables y desplegar tecnología con enfoque comunitario son los pilares de un país que decide poner la salud en el centro de su desarrollo.