El Impacto de la Informalidad en el PIB de Perú: Situación actual y desafíos

La informalidad en Perú es un fenómeno estructural que afecta significativamente el crecimiento económico y la productividad del país. Según datos recientes, alrededor del 70% de la fuerza laboral trabaja en condiciones informales, lo que limita la recaudación fiscal, reduce la competitividad y perpetúa desigualdades sociales. Este sector, aunque dinámico, opera al margen de las regulaciones, lo que genera una economía paralela con baja productividad y escaso acceso a beneficios sociales.

Uno de los principales efectos de la informalidad en el PIB es su impacto en la recaudación tributaria. Se estima que el Estado peruano pierde miles de millones de soles anuales debido a la evasión fiscal y la falta de contribuciones formales. Esto limita la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura, educación y salud, sectores clave para el desarrollo económico a largo plazo. Además, la informalidad distorsiona la competencia, ya que las empresas formales enfrentan costos regulatorios más altos en comparación con las informales.

La baja productividad es otro problema crítico. Los trabajadores informales suelen tener menores ingresos y escasa capacitación, lo que frena la innovación y el crecimiento sectorial. Según el Banco Mundial, la productividad en Perú es significativamente menor que en otros países de la región, en parte debido a la alta informalidad. Esto se refleja en sectores como el comercio, la agricultura y los servicios, donde predominan las microempresas no registradas.

A pesar de los avances macroeconómicos de las últimas décadas, la informalidad persiste como un lastre para el crecimiento potencial. Mientras que el PIB peruano creció un 3.3% en 2024, se proyecta una desaceleración al 2.9% en 2025, en parte por la incapacidad de integrar a los informales a la economía formal. La OCDE señala que, sin reformas estructurales, Perú tardaría 64 años en alcanzar el estatus de país de ingresos altos.

Los desafíos institucionales también son evidentes. La corrupción, la burocracia y la falta de incentivos para la formalización desalientan a los emprendedores. Por ejemplo, el proceso de registro de una empresa en Perú sigue siendo más costoso y lento que en otros países de la región. Además, la debilidad del sistema judicial y la poca fiscalización laboral permiten que prácticas informales persistan.

La inseguridad ciudadana es otra consecuencia indirecta de la informalidad. Según análisis recientes, la delincuencia y las extorsiones afectan especialmente a las pequeñas empresas informales, lo que desincentiva la inversión y el crecimiento económico. Esto crea un círculo vicioso donde la falta de oportunidades laborales formales empuja a más personas hacia la informalidad.

En el ámbito laboral, la informalidad genera precariedad y desigualdad. Cerca del 60% de los trabajadores ocupados están subempleados, con ingresos inferiores al mínimo legal y sin acceso a seguridad social. Esto no solo limita su calidad de vida, sino que también reduce el consumo interno, un motor clave del PIB.

Las políticas públicas para reducir la informalidad han tenido resultados mixtos. Programas como Reactiva Perú y la simplificación tributaria han ayudado, pero son insuficientes. Expertos sugieren que se necesitan reformas integrales, como:

1. Reducir los costos de formalización mediante regímenes tributarios simplificados.

2. Fortalecer la educación técnica para mejorar la empleabilidad.

3. Incentivar la digitalización de las microempresas.

4. Mejorar la fiscalización laboral para combatir el trabajo no registrado.

A mediano plazo, la inversión en infraestructura y tecnología podría integrar a los informales a cadenas productivas más formales. Proyectos como el puerto de Chancay y la expansión del Metro de Lima son pasos positivos, pero deben complementarse con políticas de inclusión laboral.

La informalidad en Perú es un obstáculo multidimensional que requiere soluciones coordinadas entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Sin abordar este problema, el país seguirá creciendo por debajo de su potencial, perpetuando brechas sociales y económicas. La clave está en combinar incentivos económicos con un marco institucional más eficiente y transparente.

Fuentes principales: Banco Mundial, OCDE, Cámara de Comercio de Lima y estudios laborales