El costo oculto de la estabilidad: Cómo el alza de tasas del BCRP protege a la Banca y golpea a las MYPEs

El pasado 12 de noviembre, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció una decisión que marcó el fin de una era de estabilidad monetaria: elevó su tasa de interés de referencia de 4.25% a 4.50%, poniendo fin a 14 meses consecutivos sin cambios y convirtiéndose en el primer incremento desde enero de 2023. La justificación oficial fue clara: la inflación interanual había escalado de 4.5% en septiembre a 5.3% en octubre, superando el límite superior del rango meta del banco central (entre 1% y 3%). El Directorio citó "fuertes choques de oferta, el aumento de las expectativas de inflación y el alto dinamismo de la demanda interna" como factores determinantes. Sin embargo, detrás de esta medida técnica se esconde una realidad que pocos mencionan: el alza de tasas funciona como un mecanismo de protección al sector financiero, mientras transfiere el costo real a la microeconomía peruana.
Cuando el BCRP sube la tasa de referencia, el mecanismo de transmisión es casi automático: los bancos comerciales incrementan sus tasas activas (las que cobran por préstamos) de manera más rápida y pronunciada que sus tasas pasivas (las que pagan por ahorros). El resultado es un ensanchamiento del margen de intermediación financiera, es decir, la diferencia entre lo que los bancos cobran y lo que pagan, que constituye su principal fuente de rentabilidad. De hecho, en reportes recientes, grandes holding financieros como Credicorp han reconocido públicamente que "el alza de tasas impulsó los ingresos por intereses netos". Además, al encarecer el crédito, se "enfría" la demanda agregada, lo que reduce el riesgo de sobreendeudamiento sistémico y protege a los bancos de una eventual ola de morosidad, mientras las MYPEs y los hogares asumen el costo de un crédito más caro.
Para las más de 2.8 millones de micro y pequeñas empresas que conforman el tejido productivo del Perú, esta medida representa un desafío existencial. La mayoría opera con márgenes ajustados y depende del crédito para financiar inventarios y cubrir necesidades operativas; un incremento en las tasas activas puede traducirse en aumentos de 1 a 3 puntos porcentuales en los préstamos comerciales. Para una bodega, un restaurante o un taller mecánico que ya opera al límite, este incremento puede ser la diferencia entre la supervivencia y el cierre. Simultáneamente, las familias con créditos hipotecarios o de consumo a tasa variable ven cómo una mayor proporción de sus ingresos se destina al servicio de la deuda, reduciendo su capacidad de consumo y afectando directamente las ventas de los pequeños negocios. Cuando el crédito formal se vuelve inaccesible, muchos emprendedores recurren a alternativas informales como el "gota a gota", con tasas que pueden superar el 200% anual, perpetuando la informalidad y el riesgo de sobreendeudamiento.
La pregunta que muchos economistas y gremios empresariales se hacen es si existían otras herramientas para controlar la inflación sin sacrificar la microeconomía. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría haber implementado una política fiscal contractiva temporal, reduciendo el gasto público no esencial para "enfriar" la demanda agregada sin necesidad de subir las tasas; de hecho, la OCDE recomendó explícitamente en su estudio económico sobre Perú 2025 que "la política fiscal debería respaldar la política monetaria para hacer frente a la alta inflación". Dado que el propio BCRP identificó que el repunte inflacionario fue impulsado por choques de oferta en alimentos y energía, el gobierno también pudo haber actuado directamente con subsidios temporales focalizados, reducción de aranceles a insumos clave, o fortaleciendo la fiscalización de Indecopi contra el acaparamiento y la especulación. Alternativamente, el BCRP y la SBS podrían haber aplicado medidas macroprudenciales selectivas, como aumentar los encajes solo para ciertas carteras, frenando el crédito especulativo mientras protegían el crédito productivo para las MYPEs.
El Banco Central argumenta que estas alternativas, aunque deseables en teoría, tienen limitaciones prácticas insalvables. Su mandato constitucional es exclusivamente preservar la estabilidad monetaria, por lo que no puede subsidiar alimentos ni bajar aranceles; esa es competencia del Poder Ejecutivo. Además, cuando las expectativas de inflación se desanclan (subiendo a 3.1%, por encima del techo de la meta), la herramienta más rápida y bajo control exclusivo del banco central es la tasa de referencia, y esperar a que el gobierno implemente medidas de oferta puede ser demasiado lento, permitiendo que la inflación se arraigue. El BCRP sostiene que el costo de la inacción sería aún mayor; una espiral inflacionaria destruye el valor del dinero, genera incertidumbre, fuga de capitales y recesión, lo que también perjudicaría a las MYPEs a mediano plazo. Sin embargo, esta defensa no resuelve el dilema ético de fondo; la política de tasas altas tiende a ser regresiva, transfiriendo recursos de los deudores (clases medias, bajas y pequeñas empresas) hacia los acreedores (bancos y grandes tenedores de bonos).
Ante este escenario, las MYPEs no pueden esperar a que las condiciones macroeconómicas mejoren y deben tomar acción inmediata. La gestión financiera inteligente pasa por renegociar deudas proactivamente antes de caer en mora, acelerar la cobranza ofreciendo descuentos por pago al contado, y separar claramente las finanzas personales de las empresariales para construir historial crediticio. En cuanto al financiamiento, las Cajas Municipales y Financieras suelen ofrecer tasas más competitivas que los grandes bancos, el factoring permite obtener liquidez inmediata vendiendo facturas por cobrar, y las fintech reguladas analizan el flujo de caja digital en lugar de exigir garantías tradicionales. Operativamente, conviene reducir el inventario de baja rotación, negociar plazos más largos con proveedores, invertir en eficiencia energética y aprovechar programas estatales como el Régimen MYPE Tributario (con tasas de impuesto a la renta desde 1%) o el FOGEM, fondo de garantía del MEF que respalda créditos a pequeñas empresas facilitando mejores condiciones.
La decisión del BCRP de subir la tasa a 4.50% es técnicamente justificable desde la perspectiva de la estabilidad monetaria, pero su impacto asimétrico revela una vulnerabilidad estructural de la economía peruana: la microeconomía es la que paga el precio de la estabilidad macroeconómica. El verdadero desafío no es elegir entre controlar la inflación o proteger a las MYPEs, sino encontrar mecanismos de coordinación entre política monetaria, política fiscal y políticas de oferta que permitan lograr ambos objetivos simultáneamente. Mientras esa coordinación no exista, las MYPEs peruanas seguirán siendo el amortiguador silencioso de las crisis, y el sector financiero continuará viendo sus márgenes protegidos, independientemente de quién pague el costo real. La pregunta que queda es cuánto tiempo más podrá la microeconomía peruana seguir absorbiendo este costo sin colapsar.



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