De la inteligencia a la vulnerabilidad: soberanía digital en riesgo tras el ciberataque a la DIRIN

El ataque cibernético a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) no solo comprometió información sensible, sino que también puso en evidencia una crisis de soberanía digital que afecta la capacidad del Estado peruano para controlar sus propios sistemas críticos y proteger sus datos estratégicos.

La soberanía digital se refiere al derecho y la capacidad de un Estado para gobernar su infraestructura digital, proteger sus datos sensibles y garantizar la seguridad de sus sistemas de información sin depender de actores externos ni verse vulnerado por amenazas internas o externas. En este sentido, el hackeo a la DIRIN representa una ruptura severa de esa soberanía, al demostrar que una de las instituciones clave del aparato de seguridad nacional fue penetrada con relativa facilidad por un grupo local de hackers, sin que existieran defensas técnicas ni protocolos de respuesta eficaces.

La filtración de más de 120 GB de información clasificada —incluyendo identidades de agentes encubiertos, reportes de inteligencia, planes operativos y seguimientos a figuras políticas— no solo expuso la fragilidad técnica de los sistemas del Estado, sino también la ausencia de una política nacional de ciberseguridad que proteja la integridad de los datos estratégicos. Esta situación revela que el Perú no ejerce un control efectivo sobre su soberanía digital, al no contar con infraestructura, personal capacitado ni marcos legales robustos para prevenir, detectar y responder a amenazas cibernéticas.

Además, el ataque pone en riesgo la autonomía decisoria del Estado, ya que la exposición de información sensible puede ser utilizada por actores criminales o incluso por potencias extranjeras para influir en la política interna, chantajear a funcionarios o sabotear operaciones de seguridad. Esto convierte la ciberseguridad en una cuestión no solo técnica, sino estratégica y de seguridad nacional, que impacta directamente la estabilidad democrática y la gobernanza.

El incidente también ha generado preocupación sobre la dependencia tecnológica externa. Si los sistemas críticos del Estado están diseñados, operados o almacenados en plataformas o servicios extranjeros sin controles adecuados, el Perú corre el riesgo de perder el control sobre sus propios datos, lo que vulnera aún más su soberanía digital. La falta de centros de datos nacionales seguros y de legislación específica sobre protección de datos críticos agrava esta situación.

En sintesis, el ataque a la DIRIN no solo es un fallo de seguridad, sino una alerta roja sobre la pérdida de soberanía digital del Perú. Sin una política clara, inversión en infraestructura nacional y capacitación especializada, el Estado seguirá siendo vulnerable a interferencias externas y ataques internos, lo que pone en riesgo su estabilidad, credibilidad y autonomía en el mundo digital.