A 19 años de Pisco: ¿por qué el Perú sigue sin estar preparado para el gran terremoto?

El sismo de magnitud 5.1 que sacudió la región Junín la noche del 18 de julio de 2026 ha dejado una estela de destrucción que, pese a su magnitud moderada, expone con crudeza las profundas debilidades del sistema de emergencias peruano. El movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó a 7 kilómetros al sur de Chupaca, en el distrito de Chongos Bajo, tuvo una profundidad de 24 kilómetros y fue originado por la reactivación temporal de la falla tectónica conocida como "Altos del Mantaro". Lo que debió ser un sismo de impacto limitado se convirtió en una tragedia que ha puesto en el centro del debate una pregunta incómoda: si un sismo de 5.1 ha causado seis muertos, 32 heridos y más de 300 damnificados, ¿qué ocurriría cuando ocurra el terremoto de gran magnitud que los expertos anuncian para Lima?

El balance oficial, actualizado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el INDECI, reporta seis fallecidos, decenas de heridos, más de 48 viviendas colapsadas y daños en escuelas, iglesias y centros de salud. El gobierno, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco distritos de la región Junín —Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Chupuro, Viques y Huacrapuquio— para facilitar la canalización de recursos y las acciones de rehabilitación. La respuesta del Estado fue activa: el INDECI desplegó dos Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) para la evaluación de daños y análisis de necesidades; el Ministerio de Salud instaló puestos médicos de avanzada; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional movilizaron efectivos para labores de búsqueda y rescate; y el Ministerio de Vivienda anunció la entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE). Sin embargo, esta movilización, aunque rápida, ha sido esencialmente reactiva.

El propio jefe del INDECI reconoció que la escasa profundidad del sismo y la antigüedad de las construcciones de adobe y quincha fueron factores clave que agravaron los daños. Pero estos no son factores inevitables; son el resultado de décadas de omisiones. La Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (ENAGER 2025) reveló que el 81% de los gobiernos locales no cuenta con un diagnóstico claro de los riesgos en su jurisdicción, lo que significa que la mayoría de municipalidades desconoce las zonas de alta vulnerabilidad o la exposición de su población ante sismos. Esta falta de planificación territorial convierte la gestión del riesgo en una acción reactiva, limitada a dar respuestas después del desastre, cuando el daño ya es irreversible. La alta rotación de funcionarios y la baja prioridad política asignada a la prevención perpetúan este ciclo vicioso.

La vulnerabilidad extrema de la vivienda y la infraestructura es quizás la debilidad más evidente. El presidente del IGP, Hernando Tavera, señaló que el daño se concentró en viviendas de adobe y quincha, materiales típicos de la zona que colapsaron total o parcialmente. Pero este problema no es exclusivo de Junín. A nivel nacional, tres de cada cinco viviendas corresponden a construcciones informales, muchas levantadas mediante autoconstrucción y sin criterios antisísmicos. El Servicio Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) estima que alrededor de 14 millones de personas afrontan un riesgo muy alto frente a un sismo debido a las características de sus viviendas o al tipo de terreno donde se ubican. La persistencia de la autoconstrucción sin control es el resultado de omisiones políticas sistemáticas, no una fatalidad.

Si el escenario en Junín es alarmante, el pronóstico para Lima es catastrófico. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) advierte que se espera un sismo de magnitud 8.8 o mayor frente a la costa central, en la zona de "silencio sísmico" que no ha experimentado un gran terremoto en más de 275 años. Un experto en ciencias de la Tierra ha señalado que un sismo de 8.8 en Lima sería "32 veces más fuerte" que los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela en 2026. Las proyecciones para un sismo de magnitud 7.2 a 8.0 en Lima estiman entre 72,000 y 779,000 heridos. La capital concentra a más de 13 millones de personas en un área reducida, y se estima que el 60% de las viviendas en la capital son informales y podrían colapsar ante un sismo de gran magnitud. Distritos como Lomo de Corvina (Villa El Salvador) y partes de Ventanilla son considerados los más vulnerables debido a la composición de su terreno.

Los sistemas de alerta y respuesta, lejos de ser una garantía, añaden más incertidumbre. El Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), diseñado para advertir a la población segundos antes de un terremoto, aún no está plenamente implementado y se espera su puesta en marcha recién para 2026. Tras seis años de retraso, el sistema sigue sin estar listo para avisar a la costa del país entre 5 y 10 segundos antes de que llegue la onda sísmica. En cuanto a la alerta de tsunami, las simulaciones indican que las primeras olas podrían llegar a la costa de Lima y Callao en tan solo 10 a 15 minutos. El tiempo estimado para que la cadena de comunicación institucional entre en funcionamiento es de aproximadamente 24 minutos. Para cuando se emita una alerta oficial, el tsunami ya podría haber golpeado la costa.

A casi dos décadas del terremoto de Pisco (2007), que dejó pérdidas económicas por aproximadamente 2,700 millones de dólares y evidenció el colapso del sistema de salud y educativo, el Perú aún arrastra las mismas deudas en prevención. Los expertos señalan que los problemas se repiten en todos los grandes desastres: edificaciones vulnerables, servicios básicos interrumpidos y una respuesta insuficiente frente a la magnitud de la emergencia. La gestión del riesgo sigue siendo fragmentada y carece de un enfoque integral de "multipeligro". El crecimiento desordenado de las ciudades y la ocupación informal de suelos no aptos son problemas que se repiten, y las evaluaciones de riesgo no pueden ser meros trámites burocráticos, sino herramientas vinculantes para proteger vidas.

La tragedia en Junín no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema que prioriza la reacción sobre la prevención. Lima y las principales ciudades del Perú enfrentan un riesgo sísmico inminente con una preparación que es, en el mejor de los casos, insuficiente. La combinación de un terremoto de magnitud prevista 8.8, una infraestructura altamente vulnerable, sistemas de alerta con limitaciones críticas y una alta densidad poblacional dibuja un panorama de riesgo extremo. Las mejoras deben enfocarse en fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos locales, implementar programas de vivienda segura, activar el sistema de alerta sísmica y, sobre todo, convertir la gestión del riesgo en una política de Estado prioritaria. La pregunta no es si la ciudad colapsará, sino cuánto tiempo tomará recuperarse y, más importante aún, cuántas vidas se perderán por no haber actuado a tiempo.